Miembro del Comité Ético Científico de la FCS ingresó a Comité  de Expertos de  ONU

  • María Soledad Cisternas, fue electa como una de los 12 integrantes de la instancia internacional que velará por la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

María Soledad Cisternas es abogada y cientista política. Reconoce que desde que estudiaba en la universidad su valor inspirador fue siempre la justicia y desde allí su dedicación a los derechos humanos de los grupos vulnerables de la población.

Su trayectoria también incluye una ardua labor en la academia. Es docente de la Facultad de Derecho de la UDP y directora del Programa Jurídico sobre Discapacidad de esta Casa de Estudios. Además, el año pasado debutó con su cátedra de Bioderecho, que realiza junto al  Doctor Patricio Michaud, también miembro del Comité Ético Científico de la FCS, curso que pioneramente une dos áreas fundamentales del conocimiento: Derecho y Medicina.

“Cuando hablamos de los derechos humanos de las personas con discapacidad nos referimos a una temática integral que involucra muchas veces a la persona desde que nace hasta que muere, en toda la gama de sus derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.  Dentro de los derechos sociales está la salud… no se trata de parcelas separadas y es por eso que hoy en día tenemos que vincular disciplinas tan relevantes en la vida de una persona, como es, en este caso, el derecho y la medicina”, explica Soledad Cisternas.

En paralelo, fue artífice de la ley que se estrenó estas últimas elecciones municipales y que permitió que las personas con discapacidad fueran asistidas en el acto de votar. “Tradicionalmente ha habido una alta abstención de las personas con discapacidad para ejercer este derecho por las dificultades que han experimentado en el acto de votar. Además, en el Servicio Electoral antes de existir esta Ley había que trabajar insistentemente para que los vocales tuvieran una preparación con criterio para darle las facilidades a las personas con discapacidad que lo requerían, lo que no siempre ocurría y por eso la Ley viene a ser tan importante, porque ya no depende del criterio, sino de un mandato jurídico”.

La academia, la investigación, las políticas públicas, han sido sus permanentes frentes de acción para incidir concretamente en una mejor calidad de vida de los grupos vulnerables, reflejada en el ejercicio de todos sus derechos. Sin embargo, la abogada aclara que “si bien soy una persona de estudio y eso hace mi eje de trabajo, no se trata sólo de un análisis teórico, en el aire, sino siempre en vínculo hacia el punto de vista de las personas, las más postergadas, las que menos voz tienen. Esto ha implicado estar conectada a la sociedad civil internacional, regional, nacional y estar presente en los distintos debates jurídicos que tienen que ver con la materia”.

Tanta ha sido su dedicación y consagración que en noviembre de este año fue electa como una de los doce integrantes del Comité de Expertos de Naciones Unidas, que deberá velar por la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,  primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI, aprobada en 2006 y recientemente ratificada por nuestro país.

Periodista: En sus estudios usted ha relacionado todos los derechos que impactan la vida de las personas vulnerables y entre éstos muchas temáticas de bioética. ¿de qué manera las incluye?

Abogada: Hay una multiplicidad de temas jurídicos que tienen que ver con la bioética, por eso que desde el año pasado, en un marco temático mayor, desarrollé el programa en bioderecho como un desafío del debate contemporáneo. Estamos en este desafío junto con el profesor Michaud y ha sido muy exitoso en la escuela de Derecho.  Desde luego, algunas unidades del curso se refieren a los aspectos jurídicos que tienen relación con sectores vulnerables de la población.

P: En términos más específicos, ¿en qué consiste el curso de Bioderecho?
A: El curso se ha denominado “Bioderecho”, porque incluye temáticas significativas debatidas en la Bioética, en tanto han sido  llevadas a normativas jurídicas,  internacionales y nacionales. Entonces, aquí se toman las relacionadas desde el inicio de la vida humana hasta su término. Esto implica todas las subtemáticas que van ocurriendo durante el transcurso de la vida y que tienen impacto en el ordenamiento jurídico.  En consecuencia, es un curso que plantea diversidad y riqueza analítica, lo que incorpora también la discusión sobre fallos nacionales y extranjeros, motivando a los estudiantes a profundizar en estos conocimientos.

P: ¿A su juicio, este curso también debería dictarse en las carreras de la Salud?
A: Me parece que debería ser parte muy importante en la formación de estudiantes de derecho y también de medicina. Pienso que para un estudiante de Medicina es relevante conocer  cuáles son las normativas que regulan estos temas que vinculan  los derechos y la medicina… hoy en día la visión interdisciplinaria es esencial.

P: En otro plano, más allá de una formación teórica al respecto, también es importante que los profesionales de la salud se vinculen con personas con discapacidad para crear ese vínculo del que usted hablaba…
A: Es importante aclarar que el bioderecho se relaciona con innumerables ámbitos. Uno de ellos  tiene que ver con las personas con discapacidad, lo que su vez incluye una multiplicidad de aspectos.  No por nada existe una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  por la cual se crea este Comité de Expertos de Naciones Unidas, porque es una temática amplia, tiene que ver con sobre 650 millones de personas en el mundo. Más de 90 millones de personas en América Latina y El Caribe. Se trata de situaciones que no se viven aisladamente, ya que hay entornos educativos, laborales y sociales, en general. Todo esto nos lleva a que uno de los aspectos fundamentales en cuanto a los seres humanos con discapacidad es la atención en salud, entre otros.

P: ¿cómo debería ser entendida la discapacidad por un profesional de Salud?
A: Cobra gran relevancia tener presente que el profesional médico, en interacción con una persona con discapacidad,  está frente a un titular de derechos, en donde debe resguardarse el respeto a su dignidad, identidad personal, consentimiento, confidencialidad y el resto de los derechos de que gozan todas las personas.
Hoy día la discapacidad no debe entenderse, como un diagnóstico en donde no queda nada más qué hacer. Por el contrario, el médico debe tener claridad en cuanto vincular a ese paciente con lo que significa la apertura hacia a una nueva forma de vivir la vida, con el aporte, que implican los procesos de rehabilitación.  Este nexo tiene trascendental importancia en el enfoque que la persona llegue a tener frente a un futuro en que puede disfrutar de su existencia y de sus derechos, con desarrollo personal, contribuyendo a su entorno familiar y social. Por otra parte, está el tema de la prevención primaria de discapacidades como también la prevención secundaria, evitando la progresión de una situación de deficiencia o que derive en otras limitaciones. La orientación y el consejo genético, son muy importantes. La prevención de ciertas conductas de riesgo, lo son también.

P: ¿qué es lo que no tendría que olvidar nunca el profesional de la Salud cuando está frente a una persona con discapacidad?
A: Que en cada persona con discapacidad hay un ser humano, que requiere una respuesta integral a sus planteamientos. Esa respuesta pasa por la atención en salud y por entender que hay un sujeto de derecho pleno, que requiere de una atención adecuada con ciertos parámetros éticos y normativos.

P: Usted es parte del Comité de Evaluación Ético Científico de la FCS. ¿Cómo relaciona esta labor con su trabajo en pro de los derechos de las personas con discapacidad?.
A:  Ambas actividades requieren de debate, aplicando criterio analítico, por lo que, desde una perspectiva metodológica existe relación.  Pero además, la especialización  en derechos humanos  define una óptica que permite una visión jurídica y práctica de los temas que se evalúan en el Comité Ético Científico.

P: Qué nos puede decir sobre su elección al Comité de Expertos sobre los derechos de las personas con discapacidad de  ONU?
A: Fue una elección donde había candidatos de todos los continentes. Había sólo 12 cupos.  Resultamos electas dos personas de América Latina, Ecuador y Chile.
Hay múltiples miradas puestas  en esto, por tanto la responsabilidad que se asume es enorme. Implica observar y atender la globalidad de la situación de las personas con discapacidad en el mundo. El ser un experto independiente involucra tener el mayor grado de imparcialidad en mirar los temas, en la aplicación de la Convención, en cómo vamos a tener que analizar la situación de los Estados. Son tareas que van desde la autorregulación del Comité hasta el establecimiento de las directrices o criterios para el ejercicio de esta labor.

La conversación ha sido extensa, sin embargo la abogada no quiere terminar sin antes recalcar que en el respeto de los derechos humanos de las personas pertenecientes a los sectores más vulnerables, la responsabilidad que recae sobre el mundo académico es esencial. “Todos tenemos una responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de la población  y el mundo académico está llamado a abrir conciencia entorno a estos temas”.

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